CATALUÑA- Mitos y
falsedades del independentismo.
EL INDEPENDENTISMO
CATALAN se sustenta en unas afirmaciones rotundas y repetidas a menudo. Van
desde las creencias históricas (en 1714 hubo una guerra de secesión que acabó
con Cataluña sojuzgada) hasta las económicas (España nos roba, fuera de España
seríamos más ricos). Todas ellas son falsas.
Aquí el análisis de hasta 10 de estos mitos y falsedades
que no se sostienen con un estudio profundo y serio:
1.
1714 no fue una secesión
No es cierto, por
ejemplo, y así está reflejado en los tratados europeos, que una Cataluña
independiente ingresaría automáticamente en la Unión Europea. Al contrario: debería recorrer un periplo
institucional e internacional complejo y azaroso, con la ONU de por medio como
etapa.
Tampoco es
cierto que el Estado de las Autonomías haya fracasado, que votar siempre sea
democrático (las dictaduras también organizaron referendos) o que la consulta
convocada para el 1 de octubre sea legal (es ilegal por su contenido, por su
tramitación en el Parlamento catalán y conculca
además disposiciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa). Así mismo, no es cierto que Cataluña pueda separarse legalmente de España apelando al derecho de autodeterminación, ya que ese derecho se reserva a “pueblos sometidos a dominación colonial”.
Tampoco es verdad que la Constitución votada en 1978 sea “hostil a los catalanes”.
Aquí algunos ejemplos:
2. LA CONSTITUCION DE 1978 ES HOSTIL A LOS CATALANES.
La Constitución fue apoyada por 2.7 millones de
catalanes, el 91.09% de los votantes en el referéndum
constitucional del 6 de diciembre de 1978 (¡cerca del doble de los que votaron por la separación de España en
2015!), dos puntos por encima del promedio nacional. Y la rechazó un 4.26%,
frente al 7.89% del promedio nacional que la rechazó. Cataluña fue con Andalucía, la comunidad que más respaldo dio a la Constitución en ese 1978.
4. ESPAÑA ES UN ESTADO AUTORITARIO
España es una democracia avanzada que goza del máximo
grado de libertades y respeto por los derechos individuales y colectivos. Así
lo certifican todas las instituciones internacionales de las que el país es
parte así como todos los centros de estudios dedicados a evaluar la calidad de
la democracia de los Estados.Internamente, el Estado de derecho y la división de poderes están garantizados por los tribunales. Internacionalmente, España es signataria de todas las convenciones sobre derechos humanos y libertades políticas y civiles del sistema de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Europa y sus convenios de protección de derechos. También es miembro de la Unión Europea y firmante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Toda la legislación nacional y las sentencias de sus tribunales están sometidas a los tribunales de Estrasburgo (Consejo de Europa) y Luxemburgo (Tribunal de Justicia de la UE). Como demuestran los casos de Hungría y Polonia, los Estados de la UE están sometidos a un estricto régimen de vigilancia por parte de las instituciones europeas para detectar cualquier desviación de poder, violación de derechos o ataque a las libertades o la separación de poderes.
Ni el Gobierno de la Generalitat ni ninguna entidad independentista ha recurrido a ninguna de estas instancias internacionales para denunciar ninguna violación de derechos ni el Estado español ha sido apercibido o condenado, dentro o fuera del país, por este tipo de hechos.
En su informe de 2017 sobre derechos humanos, la organización Human Rights Watch ni hace mención a la presunta supresión de derechos en Cataluña ni menciona siquiera a Cataluña como un asunto específico.
Todos los Estados miembros deberían aprobar su vuelta, incluido España.
No es cierto que
una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea, como
pretende el secesionismo.
Desde 2004, los sucesivos presidentes de la Comisión
Europea (que es la guardiana e intérprete en primera instancia de los
Tratados), han sostenido idéntica tesis, con escasísimas variaciones en su
formulación: “Si
un territorio de un Estado miembro deja de ser parte de este Estado porque ese territorio se convierte en un Estado
independiente, los Tratados no pueden seguir aplicándose a esa parte del
territorio. Y la nueva región independiente se convierte, por efecto de su
independencia, en un país tercero”. Ese nuevo Estado deberá “pedir nuevamente
el ingreso” si desea ser miembro.Pero, además, el TUE, en su título I (el de carácter más constitucional), obliga a todos a: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras constitucionales de éstos (...) y respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tiene por objeto garantizar su integridad territorial”. No es un asunto de legislación derivada, ni reglamentaria, ni opcional, sino de orden constitucional.
Pero para ser candidato deben cumplirse los dos requisitos básicos fijados por ese artículo. El primero es ser “un Estado europeo”; el segundo, ser “un Estado que respete los valores” democráticos proclamados en el artículo 2. En el supuesto de que esos valores se cumpliesen, habría que acreditar también que el país constituye “un Estado europeo”. Y para constituir un Estado hay que obtener el reconocimiento internacional. Y la vía indiscutible para ese reconocimiento es la ONU, la pertenencia a la misma. Para que la ONU admita un nuevo Estado debe recomendarlo primero el Consejo de Seguridad (entre cuyos miembros permanentes con derecho a veto figura Francia, nada inclinada a favorecer rupturas territoriales y sensibilizada por cuestiones como la de Córcega o sus propios territorios catalanes) y luego aprobarlo la Asamblea General por una mayoría de dos tercios.
El premio de consolación sería la permanencia en el euro. “En cualquier caso, Cataluña va a estar en el euro… hay países que no están en la UE y tienen euro, Cataluña lo tendrá si quiere”, manifestó Artur Mas, entonces Presidente de Cataluña en septiembre de 2013. No es así. Estar en el euro es formar parte de la unión monetaria, y en ella solo se admiten a los Estados miembros de la UE.
El sucedáneo sería emplear el euro: crear una moneda propia y pegarla a la europea, pero ese mecanismo, el currency board, exige un acuerdo previo por unanimidad (art. 219.1 del TUE) de los 28. Y aunque es el sistema usado por Mónaco, San Marino, el Vaticano y Andorra, “no es adecuado para las economías diversificadas”, según el FMI. Un sucedáneo del sucedáneo sería emplearlo sin acuerdo, lo que los expertos consideran contrario al Tratado. Y privaría también a las entidades bancarias de Cataluña del paraguas de financiación masiva que despliega el BCE, que en el mejor de los casos (contar con filiales en la eurozona) solo les podría adjudicar apoyos simbólicos, como los otorgados a las de terceros países.
José Ignacio
Torreblanca- Madrid
Periodistas
