Corrupción
en México
Por Atilano González Villa.
La corrupción en México se ha presentado
como un fenómeno estructural, impune y sistemático. Si esta valoración fuera
realidad, bastaría con desbaratar su estructura para acabarla. Algo no muy
complicado. Pero no es así. La corrupción en este país no es un factor
estructural, sino cultural. Es un hecho real enraizado en el conocimiento, en
la moral, en las costumbres, en los hábitos, en la economía, en los modos del
comportamiento del individuo dentro de su grupo social.
Cuando alguien comete un acto de corrupción, ya sea el funcionario público que cobra una “mordida” o el ciudadano que la paga, no siente el remordimiento de conciencia o la culpa de quien ha cometido un acto ilícito. El funcionario recibe el dinero como parte de sus ingresos en el puesto y el ciudadano, tranquilo por haber conseguido un beneficio que bien puede ser una rebaja en el costo del servicio o el ahorro de tiempo en la salida de un documento o el rápido visto bueno a una obra de construcción sin revisar detalles ni calidad de obra. Y así es siempre.
El fin de la corrupción necesariamente debe pasar por la familia, por el ambiente familiar y con los valores inculcados entre sus paredes.
Por eso, acabar con la corrupción es
algo complicado. Si fuera estructural, pues se rompería la estructura y se
construiría otra y… asunto solucionado. Pero no es así. Sin duda, el fin de la
corrupción necesariamente debe pasar por la familia, por el ambiente familiar y
con los valores inculcados entre sus paredes.
Y eliminarla del país, el eje central
del cual depende el futuro de México por ser la gran promesa del candidato
electo a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, es fundamental porque
de su desaparición dependen los cientos de miles de millones de pesos para
respaldar absolutamente todos los proyectos de su administración. El habla de
una pérdida, a nivel país, de 700,000 millones de pesos anuales, aunque algunos
la ubican en hasta 900,000 millones de pesos.
Casos
de la vida real
“Qué podemos hacer nosotros –me decía
hace unos días un funcionario municipal-, estamos 3 años y nos vamos. Pero la
base fuerte son los empleados sindicalizados de abajo, entre ellos los
inspectores que se las saben de todas…, todas. Ellos estás amañados por
completo. No se tientan el corazón cuando se trata de ‘arreglar’ un negocito
con alguien en problemas administrativos o de lo que fuere. Lo hacen… y ya”. Y
hay razón para creerle. 
¿Qué pasó con la gasolinera de la calle
21 con 14 de la colonia México? Con todo y el fallo negativo, oficial del
Ayuntamiento de Mérida, para seguir con sus operaciones en respuesta a las
protestas de los vecinos y ya con las cintas amarillas para impedir el paso,
llegaron los inspectores del gobierno municipal para hacer valer la ley,
estuvieron un rato dentro de la gasolinera, salieron y se fueron. Eso ya tiene
varios meses y, desde eso, la tal gasolinera opera en forma normal sin
problemas. Y como éste, hay muchos otros casos conocidos.
Cuando le pregunté a un ingeniero constructor
su punto de vista sobre la promesa del presidente electo, se echó una sonora
carcajada y ya más sereno me dijo: “Solo un ingenuo lo creerá. Quizá la pueda
reducir un poco en algunas áreas del gobierno federal, pero…”. Para luego
explicarme que las obras, la pública más que la privada, es parte del ingreso
“paralelo” de los “hombres fuertes” del estado. Los priistas piden hasta el 30%
del costo de la obra a manera de “gratificación” y ¿de dónde sale este dinero?
Pues se rebaja la calidad de la obra o se le reducen algunos detalles… Y, dice,
lo mismo es con los inspectores de Obras, si quieres que te firmen sin
problemas y rápido, hay que invitarlos a comer y allá llegar a un “acuerdo” con
él.
Si la corrupción fuera estructural, se desmontaría la estructura, se
limpiaría, se corregiría y… adelante. Pero éste no es el caso.
Otro detalle es que no todas las
empresas ganadoras de licitaciones merecen obtener el o los contratos.
Amiguismo, compromiso, tradición o lo que fuere es factor determinante para
lograr una obra o servicio. Y esto aclara el panorama empresarial en el cual
vemos empresas muy rentables, pero muy por debajo del correspondiente nivel
técnico y operativo.
El gran agujero en la calidad de las
obras y en la mala distribución del recurso financiero se ve de inmediato
cuando una dependencia estatal otorga un contrato a cambio de una
“gratificación” o por cualquier otra razón que no sea el estricto apego a las
normas de licitación. Pero el planteamiento actual es endurecer el estado de derecho
como combate a la corrupción, una vía poco efectiva porque, como escribí
arriba, no es algo estructural sino cultural. Si fuera estructural, se desmonta
la estructura, se limpia, se corrige y… adelante. No es el caso.
La
corrupción en números
En su índice Global de Corrupción 2017,
Transparencia Internacional ubica a México en la posición 142 entre 183 países,
una caída de 12 lugares con respecto a la última evaluación, y con la nada
honrosa distinción de ser el país más corrupto del G20, muy por debajo de
Brasil y de Argentina.
En una de sus encuestas, “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, Transparencia Internacional pone a México con el mayor porcentaje de población, el 51%, en pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta. Esta se realizó a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región.
El
mismo Andrés Manuel López Obrador se ha referido a informes del Banco Mundial
en los que asienta: “Los políticos corruptos del país se roban alrededor del
20% del presupuesto nacional”. Es decir, el equivalente al nueve por ciento del
PIB, el cual es de 1,046 billones USD (en 2016).
Para Transparencia Internacional, reducir la corrupción
es básico para lograr una sociedad justa y equitativa. Y combatirla con eficacia
fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y
libertades y la erradicación de la pobreza.
Y ahora más que nunca, la participación de
los ciudadanos en el combate a la corrupción es pieza clave para combatirla y
acabarla,
un objetivo que no por lejano deba enfrentarse,
también, con todo recurso legal disponible.
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