lunes, 27 de agosto de 2018


Corrupción en México

 
Por Atilano González Villa.

La corrupción en México se ha presentado como un fenómeno estructural, impune y sistemático. Si esta valoración fuera realidad, bastaría con desbaratar su estructura para acabarla. Algo no muy complicado. Pero no es así. La corrupción en este país no es un factor estructural, sino cultural. Es un hecho real enraizado en el conocimiento, en la moral, en las costumbres, en los hábitos, en la economía, en los modos del comportamiento del individuo dentro de su grupo social.
 
Cuando alguien comete un acto de corrupción, ya sea el funcionario público que cobra una “mordida” o el ciudadano que la paga, no siente el remordimiento de conciencia o la culpa de quien ha cometido un acto ilícito. El funcionario recibe el dinero como parte de sus ingresos en el puesto y el ciudadano, tranquilo por haber conseguido un beneficio que bien puede ser una rebaja en el costo del servicio o el ahorro de tiempo en la salida de un documento o el rápido visto bueno a una obra de construcción sin revisar detalles ni calidad de obra. Y así es siempre.


En esta forma, la moral, las costumbres, la economía y la facilidad con que se realiza este manejo se ven radicalmente enraizadas en el complejo interactuar social.


 

 El fin de la corrupción necesariamente debe pasar por la familia, por el ambiente familiar y con los valores inculcados entre sus paredes.
 
Por eso, acabar con la corrupción es algo complicado. Si fuera estructural, pues se rompería la estructura y se construiría otra y… asunto solucionado. Pero no es así. Sin duda, el fin de la corrupción necesariamente debe pasar por la familia, por el ambiente familiar y con los valores inculcados entre sus paredes.


Y eliminarla del país, el eje central del cual depende el futuro de México por ser la gran promesa del candidato electo a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, es fundamental porque de su desaparición dependen los cientos de miles de millones de pesos para respaldar absolutamente todos los proyectos de su administración. El habla de una pérdida, a nivel país, de 700,000 millones de pesos anuales, aunque algunos la ubican en hasta 900,000 millones de pesos.

Casos de la vida real
“Qué podemos hacer nosotros –me decía hace unos días un funcionario municipal-, estamos 3 años y nos vamos. Pero la base fuerte son los empleados sindicalizados de abajo, entre ellos los inspectores que se las saben de todas…, todas. Ellos estás amañados por completo. No se tientan el corazón cuando se trata de ‘arreglar’ un negocito con alguien en problemas administrativos o de lo que fuere. Lo hacen… y ya”. Y hay razón para creerle. 


¿Qué pasó con la gasolinera de la calle 21 con 14 de la colonia México? Con todo y el fallo negativo, oficial del Ayuntamiento de Mérida, para seguir con sus operaciones en respuesta a las protestas de los vecinos y ya con las cintas amarillas para impedir el paso, llegaron los inspectores del gobierno municipal para hacer valer la ley, estuvieron un rato dentro de la gasolinera, salieron y se fueron. Eso ya tiene varios meses y, desde eso, la tal gasolinera opera en forma normal sin problemas. Y como éste, hay muchos otros casos conocidos.

Cuando le pregunté a un ingeniero constructor su punto de vista sobre la promesa del presidente electo, se echó una sonora carcajada y ya más sereno me dijo: “Solo un ingenuo lo creerá. Quizá la pueda reducir un poco en algunas áreas del gobierno federal, pero…”. Para luego explicarme que las obras, la pública más que la privada, es parte del ingreso “paralelo” de los “hombres fuertes” del estado. Los priistas piden hasta el 30% del costo de la obra a manera de “gratificación” y ¿de dónde sale este dinero? Pues se rebaja la calidad de la obra o se le reducen algunos detalles… Y, dice, lo mismo es con los inspectores de Obras, si quieres que te firmen sin problemas y rápido, hay que invitarlos a comer y allá llegar a un “acuerdo” con él.
 

Si la corrupción fuera estructural, se desmontaría la estructura, se limpiaría, se corregiría y… adelante. Pero éste no es el caso.

Otro detalle es que no todas las empresas ganadoras de licitaciones merecen obtener el o los contratos. Amiguismo, compromiso, tradición o lo que fuere es factor determinante para lograr una obra o servicio. Y esto aclara el panorama empresarial en el cual vemos empresas muy rentables, pero muy por debajo del correspondiente nivel técnico y operativo.

El gran agujero en la calidad de las obras y en la mala distribución del recurso financiero se ve de inmediato cuando una dependencia estatal otorga un contrato a cambio de una “gratificación” o por cualquier otra razón que no sea el estricto apego a las normas de licitación. Pero el planteamiento actual es endurecer el estado de derecho como combate a la corrupción, una vía poco efectiva porque, como escribí arriba, no es algo estructural sino cultural. Si fuera estructural, se desmonta la estructura, se limpia, se corrige y… adelante. No es el caso.
 


 
 
La corrupción en números
En su índice Global de Corrupción 2017, Transparencia Internacional ubica a México en la posición 142 entre 183 países, una caída de 12 lugares con respecto a la última evaluación, y con la nada honrosa distinción de ser el país más corrupto del G20, muy por debajo de Brasil y de Argentina.

En una de sus encuestas, “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, Transparencia Internacional pone a México con el mayor porcentaje de población, el 51%, en pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta. Esta se realizó a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región.

El mismo Andrés Manuel López Obrador se ha referido a informes del Banco Mundial en los que asienta: “Los políticos corruptos del país se roban alrededor del 20% del presupuesto nacional”. Es decir, el equivalente al nueve por ciento del PIB, el cual es de 1,046 billones USD (en 2016).

Para Transparencia Internacional, reducir la corrupción es básico para lograr una sociedad justa y equitativa. Y combatirla con eficacia fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza.

Y ahora más que nunca, la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción es pieza clave para combatirla y acabarla,
un objetivo que no por lejano deba enfrentarse,
también, con todo recurso legal disponible.

 
 

 
 

 


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