Y no es que no haya trabajo. Lo hay, pero los gobiernos no han sido capaces de impulsar al campesino a establecer una red justa de comercialización. No les pagan un precio justo, porque están en manos de mayoristas sin escrúpulos. Algunos apoyos oficiales llegan a un número limitado en forma de pies de cría, de aves de corral o de semillas para hortalizas, pero no hay un sistema organizado para la producción agrícola campesina masiva. Y hablo solo del Estado de Yucatán, una situación a la vista del que quiera y se interese por verla “en vivo y a todo color”.
En el mundo, se habla de insuficiencia alimentaria para los 7,000 millones que ya somos en este planeta, de los cuales 1,000 millones (1 de cada 7) vive con apenas unos $10 (pesos mexicanos) por día, mucho menos de un dólar, de acuerdo con cifras oficiales de la ONU.
Pero no es cierto. La globalización, los mercados y la fiera competencia económico financiera, lo saben bien, porque manejan los niveles de precios para mantenerlos a toda costa. No es un secreto que se queman o inutilizan miles de miles de toneladas de alimentos, para mantener los precios. Brasil con su café, es un buen ejemplo.
El Papa Francisco, hace unas semanas habló del tema: “No hay carencia de alimentos en el mundo, lo que hay es una mala administración, una mala distribución...”.
Pero el caso es que el tema está en manos de los gobiernos y de los políticos… Nada más y nada menos. El gobierno estatal, ¿qué hace? No lo sé. A lo mejor hace mucho, pero nadie lo sabe. Y, en todo caso, o no es suficiente o no es eficiente, porque la situación de los campesinos sigue igual o peor.
A fines de la década de los años 1960, el gobierno de Luis Torres Mesías lanzó un innovador programa para impulsar la organización y producción agrícola de los campesinos. Muchas veces cubrí las giras del gobernador a ese lugar, recuerdo que se trataba de Sotuta. Se formaban grupos de 6 u 8 campesinos con sus familias. El gobierno los dotaba de tierras, parcelas, con un pozo común, bomba, manguera, para que les sirviera a todos. Trasladaron a esos terrenos, en las afueras de la comunidad, a sus familias. Los niños dejaron de enfermarse. A la producción agrícola se sumó la de aves de patio. Las familias comían de lo producido y el excedente salía a la venta.
¿Qué ocurrió con el programa que marchaba tan bien? ¿Podía el Gobierno Federal permitir el éxito de una novedosa idea del gobierno de Torres Mesías? Quizá le dijeron lo que unos 14 años antes habían dicho a la familia Medina Alonzo, que ya trabajaba con extraordinario éxito las tierras de Santa Rosa, al sur de Peto: “El campo es un asunto que solo compete al Gobierno Federal”… y punto.
Decenas de tractores y otra maquinaria pesada, de pronto, quedaron inactivos. Y allá quedó la inversión, el esfuerzo, la entrega, la ilusión…, todo…, absolutamente todo lo puesto por la familia Medina Alonzo.
¿Control político? Quizá, se ha hablado mucho de eso. Lo cierto es que el campo se desangra en la desesperación de sus legítimos propietarios que, a la vista de su realidad, ahora piensan más en vender sus terrenos que en sembrar y cosechar.
Atilano Gonzalez Villa.
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