Los desafios de la reforma de Transparencia

Entrevista a Lourdes Morales
Directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE, una organización de organizaciones que agrupa a 75 instituciones de la sociedad civil, públicas y académicas.

¿En qué etapa de construcción se encuentra el Sistema Nacional de Transparencia?
Lourdes Morales- Ha avanzado más lento que lo que han avanzado las modificaciones normativas e institucionales. En las evaluaciones generales México, en particular en una evaluación que se hace del Centro para la democracia de Canadá, ocupa el sexto lugar de setenta y tantos países, en cuanto a la normativa federal  que hay en transparencia. Sin embargo, si analizamos el número de solicitudes de información con la cantidad de ciudadanos, pues todavía no es un derecho del cual el ciudadano se haya apropiado plenamente, por un lado. Por el otro, las evaluaciones que se han hecho así lo demuestran, todavía no hay una  plena cultura de la transparencia por parte de los funcionarios públicos.

¿Por qué razón?
LM- Pues algunas cosas que se han documentado tienen que ver por cómo inició este derecho, pues comenzó por la vía del “golpeteo político”, para ajustar cuentas de quienes eran los principales usuarios de este derecho a la información. Esto ha ido cambiando un poquito, pero principalmente son periodistas, académicos y hasta un tercero o cuarto lugar están los empresarios. Entonces una verdadera evolución del ejercicio en el derecho al acceso de la información, es para potenciar otros derechos. El ciudadano todavía no acaba de concebir que utilidad pueda tener. Mucho menos si pensamos en una cultura de rendición de cuentas, porque la información es uno de los pilares fundamentales de esta rendición de cuentas, pues en México no hay política pública de rendición de cuentas. Nosotros hemos estado trabajando, precisamente por la rendición de cuentas. 
      Entonces, pues, son múltiples factores: uno es que no se ve el beneficio inmediato, pues todavía hay una cultura de la opacidad muy extendida en  la función pública y no hay régimen de rendición de cuentas. Varios colegas, incluso, también lo dicen: “más transparencia, no forzosamente es menos corrupción y ésta más transparencia lo que genera es cinismo y es impunidad, por la falta de consecuencias”. Son muchos factores. Pero también hay que ver los avances, se acaba de aprobar una reforma constitucional que recogía muchas de las demandas de la sociedad civil o de académicos, que pueden ser de avanzada si, y solo si, la ley general que se va a discutir incluye los mecanismos para hacerla efectiva. Por otro lado, hay que seguir avanzando en esa “cultura de la transparencia”, tanto por parte de los funcionarios que brinden más información, como darle herramientas a la ciudadanía, pues es un beneficio para todos, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios. Este es como el gran reto que tenemos.

¿Hacia dónde se dirigen los órganos  garantes en éste momento?
LM- Pues se dirigen a una transformación complicada, diría yo, porque según las bases de esta reforma constitucional el órgano federal ya no será el IFAI, se le cambiará de nombre. Va a tener la facultad de atracción de algunos casos que se presenten en las entidades y no se hayan resuelto de manera satisfactoria. Entonces, pues, los órganos garantes locales transitarán, si somos optimistas, por la vía de alcanzar los máximos de transparencia. La reforma al artículo séptimo de la constitución generó órganos garantes en todas las entidades, así como marcos jurídicos específicos. La reforma sentó “el piso mínimo”, el mínimo indispensable que toda entidad debería  de tener a nivel estado. Pero a nivel municipio todavía falta, los reportes de CINTRA lo documentan bastante bien. Creo que hay un abismo enorme en lo que es y lo que podría ser garantía de acceso a la información, a nivel municipal.
Pero ellos se van a enfrentar a este desafío: el de los máximos estándares con la autonomía que se les va a otorgar. Hasta hoy, la propuesta de reforma constitucional ya ha sido aprobada por 7 estados, pero se requieren 17 para poder ser promulgada. Sí, los directivos del nuevo organismo autónomo tendrán que mostrar su autonomía no sólo técnica, sino también de gestión y política, que en muchos estados actualmente no se demuestra. Parecen que son órganos completamente ocupados por los gobernadores y esta reforma “abre la puerta” a que tengan un poquito más de autonomía .Ojalá así sea, ojalá el proceso de designación de los comisionados, pues sí cumpla con un mecanismo de selección de los mejores perfiles y no de cuotas políticas.

¿Qué otras características tiene esta reforma?
LM- Se aprobó la reforma constitucional con las bases generales, la ley general. Todo lo demás será “la letra chica del contrato”, ahí se definirá realmente como va a funcionar. Y se enfrentarán a enormes desafíos, porque hay una complejidad técnica muy particular. Yo diría que entre los puntos básicos está la designación de los nuevos comisionados, de sus perfiles, porque si no se garantiza la capacidad técnica de estas personas piensen no más lo que podría ocurrir, pues van a tener la facultad de atraer y de resolver casos de las entidades. Creo que toda la sociedad tiene que estar muy atenta al proceso, al contenido de la ley general, a los plazos, a los criterios y a todo lo que ahí se defina. Y cómo se articule con otras instancias, como lo establece la reforma constitucional.

¿Para cuándo se espera el nombramiento de los consejeros?
LM- Pues va a ser bastante rápido, si se aprueba en las entidades necesarias. Yo creo que esto se vería por ahí de febrero. Espero que para aprobar la ley general, los legisladores se tomen su tiempo para el análisis y la elaboración bastante precisa para no dejar ambigüedades.

¿Cuál será el salto que se dé, con éste nuevo organismo?
LM- Va a ser uno muy importante, porque permite que sean sujetos obligados los partidos políticos, los sindicatos, todo ente que reciba recursos públicos como fideicomisos. Entonces sí “abre la puerta” a unas entidades que han tenido un comportamiento bastante opaco, como los poderes legislativos, el poder público más opaco que hay, y en algunos puntos los poderes judiciales. Pero insisto en el uso y en la apropiación de este derecho por parte de la ciudadanía, pues sigue siendo un desafío que no se resuelve solo con leyes y con instituciones. Si no, hay que seguir avanzando como política pública, pero qué bueno que ya se avanzó en esta parte.

Entonces, ¿solo quedarían fuera, como sujetos obligados, la corte y el gobierno federal?
LM- No es que quede fuera la corte como sujeto obligado. Para la corte se estableció un mecanismo específico, con un comité integrado por tres ministros que decidirán sobre algunos casos. 

¿Y el gobierno federal, a través de su…?
LM- La consejería jurídica… Eso hay que leerlo muy bien. Muchos piensan que se va a utilizar al consejero jurídico de la presidencia como un “bloqueador del acceso a la información”. Y la verdad es que está muy claro ahí. Se establece que solo en casos, y solamente en casos, en los que se atente en contra de la seguridad nacional, podrá interponer un recurso para que lo resuelva la Suprema Corte. O sea, no es que él solito vaya a estar “bloqueando” toda la información. Hay un proceso judicial establecido y la corte decidirá: sí es clasificado o no es clasificado. 

¿Quisiera agregar algo más?
LM- Esta es una buena reforma. Tiene mucho potencial. Se hizo a base de consulta abierta a la ciudadanía, a las organizaciones, a los académicos… Y es un poco desconcertante su contraste con la aprobación, en lo general y en lo particular de la reforma constitucional anticorrupción, la cual acarrea graves deficiencias que no resuelve de fondo el problema de la corrupción. Pues que pena, que por las prisas legislativas, los senadores hayan optado por aprobar este órgano, que no resuelve el problema de fondo.

¿Y cuáles son las deficiencias de este  nuevo organismo?
LM- Una de las graves deficiencias, nosotros hemos insistido mucho en esto, es que tiene un enfoque principalmente punitivo toda la parte de la prevención, aunque ellos dicen: “si, tomamos en cuenta las  opiniones de los especialistas y vamos a…”. Pero…

¡Está hablando de la anticorrupción!
LM- Sí, de la comisión anticorrupción que, además, aún no tiene nombre. ¡Es un órgano federal y tendrá muchos órganos estatales! Tiene una parte de prevención, pero la dejan para futuras iniciativas del presidente de la república. Entonces, en lugar de hacer un entramado completo, articulado, otra vez es un pegote más. Sí, tiene graves deficiencias. Además sólo aplicará sanciones en el ámbito administrativo. Depende de la reforma política que acaban de votar y que ya se aprobó, en la que el poder judicial adquiere una nueva autonomía  y se llamará Fiscalía. Y tendrá una subfiscalía, que se encargará de la parte de las sanciones, que es lo que haría la PGR, con autonomía del Ministerio Público. 
La propuesta que nosotros habíamos trabajado era: primero eficientar lo que ya existe, en lugar de crear nuevos órganos. Hacer eficientes a las instituciones que creadas. Entonces, bueno, ellos optaron por ésta vía, vamos a ver también cómo evoluciona, pero no creemos que vaya a resolver el problema de fondo. Muchísimas  gracias